Europa será la primera región del mundo con una ley integral para regular la inteligencia artificial. La normativa, aún pendiente de ratificar por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, pretende fijar un modelo propio europeo, con sus propias características, que se aleje de la laxitud estadounidense y que no se traduzca en una herramienta para el control social, como sucede en el país chino. 

Según las primeras informaciones —el texto final aún no se ha publicado—, la futura ley establecerá ciertas categorías de productos generados por la inteligencia artificial, en función del nivel de peligrosidad que consideren los legisladores.  

Uno de los puntos peliagudos de la regulación es el uso de técnicas biométricas de reconocimiento facial en lugares públicos. Van a quedar prohibidos los sistemas de categorización biométrica que usan datos sensibles relativos a creencias religiosas, ideología, orientación sexual; la utilización de herramientas de reconocimiento de emociones en lugares de trabajo o espacios educativos; el uso de imágenes de internet para crear bases de datos de reconocimiento facial; y todos los sistemas de manipulación del comportamiento humano o características personales. Eso sí, con autorización judicial, se podrán utilizar para investigar ciertos delitos en momentos determinados. 

También es una cuestión crucial el control de herramientas como chat GPT y en este caso la ley opta por vigilar y no prohibir, es decir, que se tendrá que avisar de que los contenidos han sido generados por IA.  

De momento, quedan dos años por delante para que la ley entre en vigor, aunque lo hará por fases, de manera que hasta un año después no se habrá desarrollado en lo relativo a los sistemas de inteligencia generativa. 

Necesitamos una regulación basada en principios éticos y con controles adecuados, de acuerdo al espíritu de Europa, que es uno de nuestros valores fundamentales, pero en la elaboración de esta legislación también hay que tener en cuenta los problemas que esta normativa puede ocasionar en un momento clave para el desarrollo de esta tecnología que marcará el devenir del sector tecnológico mundial en los próximos años. 

La prestigiosa consultora McKinsey ya ha advertido de las consecuencias derivadas en cada país de la gestión interna de la IA y alerta de que podría aumentar las brechas existentes entre países en materia digital.  

Asimismo, los grandes desarrolladores de IA han mostrado sus reparos a este marco legal y han advertido de que podría ralentizar futuros desarrollos y dejar a Europa en una posición rezagada lo que, a su vez, podría provocar un éxodo de empresas de IA y de talentos.  

Y no hay que olvidar que están muchos millones en juego, pues la normativa conllevará multas que van desde los 35 millones de euros.